El Senado aprobará una nueva Ley Feijoó para el reconocimiento del carácter de agentes de autoridad a los funcionarios de cuerpos penitenciarios

El pasado mes de febrero, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias cifró en 508 las agresiones a funcionarios durante el año 2023, un número de agresiones récord que supone un incremento del 12% con respecto a 2022

“Los funcionarios de prisiones se sienten abandonados por el Gobierno, se trata de una reivindicación histórica que la nueva Ley Feijoó solventa”

Esta proposición de Ley responde a la necesidad objetiva de adoptar medidas legales para reforzar la autoridad de los funcionarios de los Cuerpos Penitenciarios, reconociéndoles así la condición de autoridad pública

“Esto significa salvar una deuda histórica con todos ellos y ofrecerles el merecido reconocimiento de la sociedad a su trabajo”

“Todas las tramitaciónes que se hacen en el Senado son frenadas por la administración de Pedro Sánchez al llegar al Congreso, sin dar así opción a que sigan su proceso legislativo”

Los senadores del Partido Popular por Albacete, Valentín Bueno y Míriam García han informado en la mañana de hoy que el Grupo Parlamentario Popular del Senado ha presentado una nueva Ley Feijoó, para el reconocimiento del carácter de agentes de la autoridad a los funcionarios de cuerpos penitenciarios en el ejercicio de sus funciones.

Míriam García ha señalado que, “los funcionarios de prisiones se sienten abandonados por parte del Gobierno y en particular por del Ministerio del Interior que siguen viendo como aumentan las agresiones en las penitenciarias españolas, se trata de una reivindicación historica ya que nunca se les ha escuchado, haciendo que se sientan humillados, marginados y discriminados por parte del Gobierno, por este motivo es necesario modificar el artículo 80 de la Ley General Penitenciaria para el reconocimiento con carácter de agentes de la autoridad de funcionarios de los cuerpos penitenciarios en el ejercicio de sus funciones”.

“Esto significa salvar una deuda histórica con todos ellos y ofrecerles el merecido reconocimiento de la sociedad a su trabajo”

Tanto Valentín Bueno como Míriam García han asegurado que actualmente el personal de la Institución Penitenciaria lo integran alrededor de 21.500 funcionarios, de los cuales más de 14.500 se dedican a tareas propias del área de vigilancia, entre las que se incluyen garantizar el orden y la seguridad interior de los Centros Penitenciarios y Centros de Inserción Social. El pasado mes de febrero, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias cifró en 508 las agresiones a funcionarios durante el año 2023, un número de agresiones récord que supone un incremento del 12% con respecto a 2022, eso supone un crecimiento que no cesa y que convierte a este colectivo en aquel que sufre más agresiones de la Administración General del Estado, pues ello significa que, de media, agreden a un funcionario de prisiones cada 16 horas.

Con el fin de corregir esta singularidad, y para que los funcionarios de prisiones puedan realizar con éxito la tarea que la sociedad les encomienda, esta proposición de Ley Feijoó responde a la necesidad objetiva de adoptar medidas legales para reforzar la autoridad de los funcionarios de los Cuerpos Penitenciarios, reconociéndoles así la condición de autoridad pública, con la consecuente responsabilidad, respeto y pulcritud que son obligados por su parte en el uso y aplicación de las facultades que le son atribuidas.

La modificación contemplada pretende reforzar uno de los pilares básicos del sistema penitenciario, que son los funcionarios de prisiones, ya que los asesinatos de trabajadores en las cárceles son una tragedia que no se puede repetir. Los funcionarios de las prisiones españolas solicitan ya desde hace muchos años mayor seguridad en sus puestos de trabajo, algo en lo que coinciden estos trabajadores de todas las comunidades autónomas.

Del mismo modo, Valentín Bueno ha asegurado que desde el PP se sigue trabajando por el bienestar de los ciudadanos, a pesar de que el presidente del gobierno se encuentre reflexionando, haciendo una clara dejación de sus funciones, “no vale amenazar a jueces, a la prensa, a la democracia y a los ciudadanos, un gobierno que cuando se ve afectado por la corrupción se toma cinco días de reflexión”

“Todas las tramitaciónes que se hacen en el Senado son frenadas por la administración de Pedro Sánchez al llegar al Congreso, sin dar así opción a que sigan su proceso legislativo”