Astray reclama más medios para la Justicia en Castilla-La Mancha: “No estamos dando respuesta en tiempos razonables”

La presidenta del TSJCM hace balance de su primer año con avances en la reorganización judicial, pero alerta de falta de plantilla, retrasos y carencias graves en áreas sensibles como la violencia sobre la mujer.

Se cumple un año desde la llegada de Pilar Astray a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, un periodo que deja luces y sombras en el funcionamiento del sistema judicial de la región. Balance prudente, sí, pero sobre todo una radiografía clara de las necesidades urgentes: más medios, más personal y una respuesta más ágil para el ciudadano.

Astray reconoce que el primer gran reto ha sido el cambio organizativo con la implantación de los tribunales de instancia, una transformación de calado que afecta a toda España. En Castilla-La Mancha, este proceso ha comenzado a dar sus primeros pasos, con resultados desiguales según el territorio.

En el caso de Albacete, donde el nuevo modelo funciona desde enero de 2026, la valoración es moderadamente positiva. “Está respondiendo mejor de lo esperado”, asegura, destacando la coordinación entre jueces y oficinas judiciales. Sin embargo, advierte de que los primeros meses no han estado exentos de incidencias propias de cualquier cambio estructural.

Más preocupante es la situación en los partidos judiciales más pequeños, donde las vacantes sin cubrir y la falta de agilidad en la sustitución de personal están generando retrasos “preocupantemente amplios”. Una realidad que, unida al aumento de la litigiosidad, está provocando una acumulación de asuntos que el sistema no logra absorber.

La reivindicación de más medios es constante. Astray recuerda que se han solicitado hasta 42 nuevas plazas, aunque por el momento solo hay 21 comprometidas. “Estamos en un impasse”, señala, insistiendo en que sin refuerzos estructurales será difícil garantizar una justicia ágil.

Uno de los puntos más delicados es el funcionamiento de las secciones de violencia sobre la mujer. Aunque se han creado nuevas plazas, muchas de ellas han arrancado sin la dotación necesaria, lo que ha provocado situaciones críticas. En algunos casos, con plantillas mínimas, se han acumulado denuncias sin tramitar, un escenario especialmente sensible por el riesgo que puede implicar para las víctimas.

En provincias como Toledo u Ocaña, la falta de personal ha obligado a adoptar medidas de urgencia, mientras que en otros territorios los refuerzos anunciados aún no se han materializado por problemas administrativos o presupuestarios. “Vamos apagando fuegos”, reconoce Astray, subrayando la gravedad de no poder atender con rapidez asuntos tan sensibles.

A estas carencias se suman otras igualmente preocupantes, como la falta de cobertura en equipos psicosociales. En Guadalajara, por ejemplo, se ha llegado a una situación límite con plazas de psicólogos sin cubrir, dejando sin atención a víctimas de agresiones sexuales o violencia de género.

La presidenta del TSJCM es clara: el sistema no cuenta actualmente con recursos suficientes. “Cuando no damos una respuesta en un tiempo razonable, algo falla”, afirma. Y aunque reconoce las limitaciones presupuestarias, insiste en la necesidad de un compromiso real por parte de las administraciones.

De cara al futuro, Astray fija un objetivo claro: insistir. Sin capacidad directa para gestionar recursos, su papel pasa por seguir reclamando medios materiales y humanos que permitan mejorar el servicio. “Los primeros insatisfechos somos nosotros”, concluye, trasladando también el malestar de jueces, letrados y funcionarios.

Un mensaje que va más allá del balance y que pone el foco en lo esencial: una justicia que, a día de hoy, sigue necesitando refuerzos urgentes para estar a la altura de lo que demandan los ciudadanos.